Sobre el decreto de medidas del programa de apoyo al empleo formal ¿Las copropiedades tienen derecho a él?

   Como es sabido, el ejecutivo -motivado por el Estado de Emergencia Económica, Social y Económica- decretó unas medidas tendientes a brindar apoyo al empleo formal. Tal decisión la emanó a través del Decreto 677 del pasado mayo 19, mediante el cual modifica el anterior Decreto Legislativo 639 del día 9 del mismo mes.

Esa última norma creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF

  El Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF- buscaba otorgar un aporte monetario mensual de naturaleza estatal al beneficiario del mismo, como efectivamente sucedió, esto es  personas jurídicas con ánimo de lucro que cumplieran ciertos requisitos. La que no tiene ánimo de lucro sólo debía aportar el Registro Único Tributario –RUT- en el que conste que el postulante es contribuyente al Régimen Tributario Especial (dicho régimen refiere en su artículo 19 que todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro ahora son calificadas como contribuyentes del impuesto sobre la renta y otras obligaciones).

   Ahora bien, con el nuevo decreto las personas jurídicas sin ánimo de lucro igual deben aportar copia del RUT, presentar declaración de renta ( caso que estén obligadas) o en su defecto declaración  de ingresos y patrimonio e información exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019.

Todas las copropiedades NO se encuentran cobijadas al programa PAEF.

Y, es aquí, cuando comenzamos a observar situaciones no claras para todas las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que forman el régimen de propiedad horizontal.

  La Presidencia de Iván Duque deberá, es imperioso que lo haga, vincular a las copropiedades residenciales a gozar de este beneficio para sus trabajadores.

  Veamos con más detalle el porqué de nuestra aseveración:

   Cierto es que todas las copropiedades cuentan con el conocido RUT, pero no todas presentan declaraciones de renta ni declaración de ingresos y patrimonio. Igualmente todas cuentan con información exógena en medios magnéticos en virtud a su contabilidad.

   Y es aquí cuando comenzamos a observar que hay un “pero” en la norma cuando el requisito, por excelencia, es la “declaración    de ingresos y patrimonio”, el cual no tienen todas las copropiedades; ella sólo es presentada por las entidades mixtas, comerciales o empresariales, pero no por las residenciales, sometidas a la Ley 675 de 2001.

Así lo establece el Decreto 1625 de 2016 en su artículo 1.6.1.1.3.2.10 que dice “no deben presentar declaración de renta ni de ingresos y patrimonio” por no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario las

sociedades, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales.

   Es decir, se dejó por fuera de este apoyo a las entidades sin ánimo de lucro sometidas al régimen de propiedad horizontal de tipo residencial, esto es, edificios, conjuntos residenciales, multifamiliares, agrupaciones, etc.

   Pareciera como si estas copropiedades no cuentan con trabajadores. Es como si los trabajadores de aseo, jardinería, toderos, administradores, secretarias, entre otros muchos que laboran para estas personas jurídicas, le son indiferentes al Estado. Y estamos hablando de miles de ellas.

   Hay una clara vulneración a derechos fundamentales como el de la igualdad, entre otros.

Los Centros Comerciales, entidades mixtas y empresariales se encuentran cobijadas.

Las otras entidades por cumplir los requisitos del Decreto 639, esto es ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario y al estar obligadas a presentar declaración de renta, de ingresos y patrimonio si son acreedoras de este beneficio.

Para recibir el aporte estatal deben postularse con base a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 677 y Resolución 1129 de mayo 20 de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Véase normas aquí anexas)