COVID-19 Alteró productividad laboral en Colombia

Indudablemente la productividad en Colombia se alteró, en todos los órdenes laborales, dada la pandemia mundial, causando perjuicios en la economía por miles de millones de pesos. 

  Todos hemos sido afectados, desde el más grande empresario hasta el más sencillo trabajador, comerciantes independientes, vendedores informales, profesionales independientes, en general. 

   Esto ha llevado a que el gobierno desarrolle normas regulatorias de todo orden; planes de contingencia, en todos sus estamentos; apoyado por toda la estructura empresarial, financiera y bancaria del país; así, como por la sociedad general, indefensa y vulnerable que debemos acatar como un acto de responsabilidad social. 

   El ejecutivo ha tenido que echar mano a normas de “estado de emergencia sanitaria y de orden público” como el Decreto 457 (marzo 22) de 2020 para ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia.

   Esto ha llevado a un problema generalizado laboral y de productividad de empresas y servicios.

  Se han despedido trabajadores, ordenado a otros realizar trabajos mediante videoconferencia, vacaciones colectivas, etc.

  El Ministerio de Trabajo, así como los demás entes gubernamentales, ha tenido igualmente que aferrarse a la constitución, leyes laborales y jurisprudencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para justificar sus Decretos reguladores y confrontar esta problemática laboral. Entonces se emite el

Decreto Legislativo 500 (marzo 31) de 2020 donde se determinó que mientras continúe la Emergencia Económica, Social y Ecológica por COVID – 19 en el país, las Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público destinarán un porcentaje de los recursos de las cotizaciones para apoyar dicha eventualidad

La distribución de los recursos está contemplada de la siguiente manera:

El 5% del total de la cotización se destinará para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de las empresas afiliadas que, por cuyas actividades desempeñadas están directamente expuestos al contagio del virus, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnósticos. Dicha población incluye a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud. También se incluyen trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Por su parte, del 92% de las cotizaciones que reciban las ARL, por lo menos el 10% de todas estas, deben ser destinadas a campañas de promoción, educación y prevención que garanticen que sus empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual en su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

   Así mismo, un 1% irá a favor del Fondo de Riesgos Laborales y otro 2%, correspondería a actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección

personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnóstico dirigidos, como se mencionó anteriormente, a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, así como el personal de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.   

   Ese Decreto precisa que las ARL de carácter público deberán presentar, en noviembre de este año, un informe detallado a la Superintendencia Financiera sobre la destinación de dichos recursos.

“Prohíbe a los empleadores de coaccionar a trabajadores a tomar licencias no remuneradas”

Mediante Circular No. 27 de (29 marzo) 2020, soportado en las normas anteriores, el Ministerio previene abusos derivados de la coacción, que podrían ejercer algunos empleadores para que sus trabajadores procedan a la firma de licencias no remuneradas. Les recordó el contenido de la sentencia C–930 del 10 de diciembre de 2009, en la cual la Corte Constitucional señaló: “En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical, hacer que la carga la asuma el trabajador ya sea económicamente mediante el descuento sobre su salario o en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario y el descanso son derechos